Un total de 103 retailers (enseñas comerciales de sectores variados como moda, restauración, óptica, joyería, deportes o telefonía) con 9.000 tiendas en España han lanzado una iniciativa conjunta para explicar su situación a las fuerzas políticas y reclamar una renegociación de sus contratos.

Todos ellos, entre los que figuran firmas de moda como Cortefiel, Mango, Desigual, Adolfo Domínguez, Scalpers o Bimba y Lola, las zapaterías Marypaz, las tiendas de deporte Base, los centros oftalmológicos General Óptica o Soloptical, restaurantes como Brasa&Leña o Manolo Bakes, o las tiendas de telefonía Phone House, han firmado un documento en el que afirman que no tienen “ingresos desde el 14 de marzo” y desde entonces “están atenazados por contratos de arrendamiento que no han podido suspender ni extinguir” sin tener aún claro cuándo y en qué condiciones abrirán. “La nueva realidad significará también no poder soportar las condiciones de arrendamiento previas al 14 de marzo”.

Renegociar en igualdad y redacción de una nueva ley sobre arrendamietnos comerciales

Por ese motivo, han lanzado esta inciativa, cuyo objetivo es, por un lado, recabar el apoyo de los partidos para poder “renegociar en condiciones de igualdad frente a sus arrendadores”, y por otro, trasladarles la necesidad de la redacción de una nueva ley sobre arrendamientos comerciales. El documento con sus demandas se registrará, según El País, esta semana en el Congreso de los Diputados.

Las marcas piden poder “dejar sin efecto sus actuales contratos, ya que en la mayoría de los casos los grandes arrendadores cuentan con cláusulas de indemnización y plazos de obligado cumplimiento que resultan imposibles de salvar en la actual situación de estado de alarma”. Quieren resolver todos los contratos anteriores al 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, “para poder negociar en igualdad de condiciones con nuestros arrendadores”.

Los firmantes señalan que el Gobierno, por ahora, se ha limitado a dejar en manos de arrendadores y arrendatarios la renegociación de los contratos, lo que, dicen, “ha impedido a las marcas alcanzar acuerdos que eviten el cierre de tiendas y, en algunos casos, de empresas”. El Gobierno aprobó a finales de abril una moratoria que permite a autónomos y pymes aplazar el pago de sus alquileres comerciales hasta cuatro meses después del levantamiento del estado de alarma, pero este no es el caso de las empresas firmantes.

Por otro lado, reclaman la aprobación de una ley de arrendamientos comerciales que “contemple la realidad” de estos alquileres, que en la actualidad se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Denuncian que esa legislación data de 1964, pese a que ha sido actualizada “innumerables” veces y afirman que es necesario “apartar los arrendamientos comerciales del marco actual de arrendamientos de vivienda” y contemplar “las novedosas formas y emplazamientos de comercialización surgidas en los últimos años”.